Denuncian el aumento de la conflictividad en Sevilla I con hasta una decena de trabajadores agredidos por presos en menos de tres semanas
Acaip explica que la mayoría de los centros penitenciarios cuenten con unas plantillas médicas con el 70% de las plazas vacantes
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El sindicato mayoritario de instituciones penitenciarias, Acaip, ha denunciado el alarmante déficit de personal sanitario que afecta a los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y, además, ha alertado de el incremento de agresiones a trabajadores en el Centro Penitenciario de Sevilla I. Así, en las últimas tres semanas se ha producido un «aumento significativo» en la conflictividad del centro, contabilizándose varios incidentes regimentales que se han saldado con casi una decena de trabajadores lesionados. Cabe resaltar que una auxiliar sanitaria fue agredida por el mismo interno que, en fecha reciente, golpeó a una funcionaria cuando había sido conducido a dependencias médicas desde otra unidad por «la falta de efectivos sanitarios suficientes para atender todas las urgencias que se generan regularmente en una prisión».
En comunicado Acaip informa que, de modo inminente, va a implantarse un modelo de guardias localizadas como sistema de atención médica durante los fines de semana. Dicha implantación coincide con un periodo, como el estival, en el que se eleva considerablemente las incidencias.
En la actualidad, frente a nueve facultativos que forman la R.P. T. del centro, sólo cuatro permanecen en activo para atender a la totalidad de internos cuyo número va incrementándose ostensiblemente .
Para intentar solventar las causas más profundas del declive en la atención de la salud de la población reclusa, desde Acaip se viene reclamando ante distintas instancias oficiales, como son las administraciones implicadas, partidos políticos y el Defensor del Pueblo, el cumplimiento de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece que los servicios sanitarios de las instituciones penitenciarias deben ser transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los sistemas de salud autonómicos.
Sin embargo, veinte años después, la mayoría de las comunidades autónomas aún no han asumido estas competencias. «Esto ha perpetuado el deterioro de la sanidad penitenciaria. Solo Cataluña, el País Vasco y Navarra han completado esta transferencia. El resto del país tiene un sistema fragmentado y en crisis», expone el sindicato.
Los últimos datos proporcionados por el Portal de Transparencia revelan un deterioro progresivo del sistema de atención sanitaria con un déficit estructural que provoca que en los centros penitenciarios se cuenten actualmente con unas plantillas médicas que apenas superan el 25%, es decir, más del 70% de las plazas están vacantes.
De esta situación deficitaria varias son las consecuencias que vienen a afectar al normal desarrollo de las funciones atribuidas a los centros penitenciarios, explica el sindicato.
«En primer lugar, ocasiona una sobrecarga insostenible para el personal sanitario, en sus distintas áreas, en detrimento de una atención médica adecuada y eficiente, así como de sus propias condiciones laborales. En segundo lugar, se produce un incremento notable en el número de salidas de los internos a consultas hospitalarias externas. Este proceso, que requiere una compleja coordinación entre la prisión, las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios, no sólo consume recursos públicos, ya de por sí precarios, al priorizar la atención a los reclusos sobre la de la población general, sino que además supone elevar los riesgos en los parámentros de seguridad en el traslado y custodia de los internos que acuden a consultas externas»
Por ultimo, además del impacto en la atención sanitaria, la falta de médicos tiene consecuencias directas sobre la seguridad en los centros penitenciarios, donde, además, aproximadamente el 30% de la población reclusa sufre algún tipo de patología mental.
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