La Audiencia de Baleares envía a juicio al presidente del Parlamento por delito de odio por romper la foto de una víctima republicana

Tras conocer el pronunciamiento, la segunda autoridad de Baleares descarta dimitir y apela al derecho a la presunción de inocencia.

Fue el pasado 18 de junio de 2024 cuando la diputada socialista Mercedes Garrido se negó a retirar la fotografía de Aurora Picornell durante un tenso debate en el que se abordaba la derogación de la Ley de Memoria Democrática. La imagen de Aurora Picornell, colocada en el ordenador de la vicepresidenta segunda de la Mesa, se desgarró cuando Le Senne cerró de un manotazo la tapa del portátil.

Tras el incidente, el presidente del Parlamento expulsó a Garrido y a la diputada Pilar Costa, ambas miembros de la Mesa, después de darles la oportunidad de cambiarse de ropa o de ocupar algunos de los escaños si querían seguir luciendo las prendas. Le Senne consideró que ambas vulneraron la neutralidad de la Mesa. De hecho, no puso objeción a que casi la totalidad de diputados socialistas presentes en ese pleno exhibieran camisetas de la misma índole desde sus escaños.

Cuatro entidades memorialistas y partidos políticos presentaron acusaciones populares, solicitando penas que van desde 16 hasta 48 meses de prisión, además de multas e inhabilitaciones. Denunciaron que la actuación de Le Senne constituía un claro acto de odio y desprecio hacia la memoria de las víctimas.

En su recurso, el político de Vox alegó que su acción estaba amparada por la inviolabilidad parlamentaria. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Baleares aclara que este principio «no protege cualquier acto», y subraya que no cubre conductas que puedan suponer una extralimitación de funciones. Lo que se deberá dilucidar en el juicio, añade la resolución, es si Le Senne actuó dentro de sus competencias como presidente del Parlamento o si, por el contrario, su conducta fue un acto doloso con ánimo de humillar a las conocidas como las Rojas del Molinar, mujeres republicanas asesinadas durante la Guerra Civil.

La Audiencia también rechaza la defensa del presidente parlamentario sobre su supuesta intención de mantener el orden en el pleno. Considera que no corresponde ahora valorar pruebas ni intenciones, sino determinar si hay indicios suficientes para ir a juicio. En este sentido, las imágenes del incidente muestran, según el auto, una actitud «contundente y enfadada» por parte de Le Senne que podría ser compatible con una acción deliberada.

Le Senne declaró el pasado mes de septiembre ante un juez por estos hechos. Sostuvo que su actuación estaba enmarcada dentro de la intención de dirigir el debate y de mantener el orden y el decoro del parlamento, pero «no quería humillar o menospreciar a nadie».

Pese a la presión de la oposición, el político de Vox se mantuvo en el cargo gracias a la abstención del PP cuando los partidos de izquierda promovieron una remoción para echarlo. Ahora, de nuevo, su cargo queda en el aire.

El PSOE y los nacionalistas de Més han pedido públicamente su dimisión para evitar iniciar el proceso formal para retirarle el acta de diputado, algo que también respaldan Podemos y Més per Menorca.

Según el artículo 9 del reglamento parlamentario, la suspensión de los derechos de un diputado requiere que se haya dictado la apertura de juicio oral -como ya ha ocurrido- y que el pleno lo apruebe por mayoría absoluta. Otra opción para apartarlo sería una nueva moción de remoción.

La izquierda ya fracasó en un intento anterior de destituir a Le Senne como presidente del Parlamento, debido a la abstención del PP, cuyo voto vuelve a ser decisivo. Sin embargo, el reciente pacto entre los populares y Vox para aprobar los Presupuestos de 2025 reduce las opciones de que el PP respalde ahora la iniciativa de la oposición.

El pasado mes de febrero, el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma dictó la apertura de juicio oral contra Le Senne, imponiéndole una fianza de 40.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas del proceso.

El juez se pronunció en contra de la opinión del fiscal, que pidió el sobreseimiento de la causa contra Le Senne al considerar que «no quedó acreditado que la rotura de la fotografía obedeciera a una intención o motivación de lesionar la dignidad y la memoria de las personas representadas en la misma o de sus familias, ya fuera en su consideración de víctimas del franquismo o por los posicionamientos políticos que representaban». El fiscal consideró que no existió intención de odio en esta acción que calificó de «acto colérico» y desproporcionado, pero no discriminatorio.

Tras la apertura del juicio oral por parte del juez instructor, el presidente del Parlamento regional reiteró que actuó «únicamente en aplicación del reglamento y sin ninguna intención de humillar a nadie». Aseguró que la rotura de la fotografía fue accidental y que su intención era mantener la neutralidad del Parlamento.

Le Senne descartó dimitir, argumentando que cuenta con el apoyo de la mayoría de la cámara y denunció una campaña de acoso contra él. «Han hablado de atentado como si yo fuera terrorista y han reunido a sus huestes para que me gritaran 'Le Senne puto nazi'», lamentó la segunda autoridad de Baleares, apuntando a los partidos de izquierda de ser «expertos en cortinas de humo».

Los partidos de izquierdas con representación en la Cámara han anunciando que activarán de inmediato el mecanismo para intentar que Gabriel Le Senne deje su escaño y la presidencia de la Cámara, después de que este lunes la Audiencia de Baleares haya ratificado que será juzgado por un presunto delito de odio.

Paralelamente a este procedimiento judicial, el Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite un recurso de amparo presentado por las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa, quienes fueron expulsadas del pleno tras el incidente. Las parlamentarias alegaron que sus derechos fundamentales fueron vulnerados y que la actuación de Le Senne no estuvo respaldada por el reglamento de la cámara.