Yolanda Díaz aísla a CEOE de la reforma que permite cobrar paro y un sueldo de hasta 1.350 euros

A última hora del martes Yolanda Díaz y los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, cerraron un pacto que asegura el sí de Podemos en el Congreso después de que en enero tumbara la reforma por entender que recortaba derechos de los parados. Ahora, Díaz ha ido más allá de los cambios previstos en las primeras versiones y además de las mejoras introducidas para el subsidio que decayeron a primeros de año con más beneficiarios y cuantías algo más elevadas, abre una nueva posibilidad de compatibilizar hasta 3.780 euros de paro anuales con un salario mensual de hasta 1.350 euros, además de mejorar la cotizaciones de los subsidios para mayores de 52 años.

La organización que preside Antonio Garamendi estallaba ayer con los cambios, sobre todo por el momento elegido para su aprobación y por el ‘modus operandi’. «Desde CEOE y Cepyme ya advertimos a la vicepresidenta que no participaríamos en un acto público de estas características», explicó en un comunicado, destacando que había tenido conocimiento de la firma del acuerdo con los sindicatos por los medios de comunicación y quejándose de la falta de diálogo y de que la reforma carezca de memoria económica, «algo de especial gravedad en un momento en el que los Presupuestos están prorrogados». «Pudiese parecer que la premura del proceso para la firma responde más a una estrategia política ante las elecciones del próximo domingo que a la voluntad de alcanzar un acuerdo real», concluyó.

En la reforma que fracasó a comienzos de año Díaz tuvo las manos atadas por imposición entonces de la exministra de Economía, Nadia Calviño, mucho más conversadora con los cambios en las ayudas y partidaria de introducir incentivos para la búsqueda de empleo de los parados. Discrepancias en el diseño de las modificaciones en las ayudas tras la pérdida de empleo que llevó a las dos titulares a enfrentamientos duros sobre la procedencia o no de determinados cambios. Calviño defendía eliminar el premio del 125% en la cotización a la Seguridad Social de los mayores de 52 años y de bajarla al 100% por entender que esta ayuda desincentivaba la búsqueda de trabajo, y la ministra de Trabajo tuvo que aceptarlo, lo que le costó la negativa de la formación morada en el Congreso. Díaz, ahora más libre de ataduras en Economía, recupera la sobrecotización del 125% para los mayores de 52 años, despejando un posible rechazo de Unidas Podemos.

Estas serían la principal novedad introducida en el 'Anteproyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo' al que ha tenido acceso en exclusiva ABC a escasas horas de la firma oficial del documento. Concretamente, las prestaciones contributivas por desempleo reconocidas a partir del 1 de abril de 2025 «una vez transcurridos los primeros doce meses de su percepción, serán compatibles con el trabajo por cuenta ajena a tiempo completo y a tiempo parcial en la misma forma, condiciones y efectos previstos para el subsidio por desempleo», señala el redactado literal de la norma.

Eso sí, como en el caso de las compatibilidades para el subsidio, la prestación contributiva compaginada con el salario reduciría significativamente la transferencia de renta por parte del SEPE respecto al montante de la prestación en sí, y pasaría a ser un complemento de cuantías asistenciales y decreciente en el tiempo -trimestralmente durante el periodo de compatibilidad que se da en el segundo año de cobro de la prestación-. Además, este complemento se modulará en función del tipo de jornada de trabajo a la que se accede.

El Ministerio de Trabajo prevé cuatro escenarios de compatibilización del empleo y la prestación contributiva: si el trabajo es a tiempo completo, si es del 75% de la jornada, si la jornada es menor del 75% y mayor del 50%, o si está por debajo del 50%. En el extremo de mayor aportación del complemento, el trabajador a jornada completa estaría percibiendo su salario y en los tres primeros meses de compatibilización recibiría una cuantía equivalente al 80% del IPREM, unos 480 euros mensuales (1.440 euros en el trimestre); pasaría al 60% en el siguiente trimestre, 360 euros al mes y 1.080 en los tres; se volvería a reducir a partir del sexto mes al 40% del IPREM (240 euros) suponiendo el montante en ese periodo 720 euros y se cerraría en el último trimestre del año con el 30% del IPREM (180 euros) sumando 520 euros en ese tramo. En suma, si el trabajador a jornada completa consume todo el periodo de compatibilidad percibirá 3.780 euros de renta adicional al salario.

La organización empresarial se queja de que no se ha seguido un proceso de diálogo social, «simplemente un proceso de consultas» y resalta también que la reforma carece de memoria económica, «algo de especial gravedad en un momento en el que los Presupuestos están prorrogados. Fuentes empresariales recuerdan que la norma se llevó al Parlamento y que «sólo vimos el texto la víspera» y que una vez que fracasó en el Congreso hubo una reunión y el diálogo no se reanudó hasta esta semana. «Se llama proceso de diálogo a cualquier cosa», apuntan.

La ministra de Trabajo, sin embargo, ha destacado en la firma del documento esta mañana «la importancia del diálogo social» y ha asegurado que la patronal «ha aportado al papel final hasta ayer». Díaz destaca, en este sentido, la CEOE ha contribuido «para compatibilizar el subsidio con el trabajo y para proteger a las victimas de violencia en nuestro país».

La entrada en vigor de la reforma estaba prevista para el 1 de junio, ahora Trabajo pospone esta fecha al 1 de noviembre para el grueso de la norma.