La obligación de que los mutualistas coticen en el RETA tensaría más el déficit de pensiones

El posible fin de la alternatividad, como se le denomina técnicamente, constituye el meollo de la proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso esta primavera, pero que se encuentra en pleno periodo de enmiendas a la totalidad de los grupos en las Cortes. Cuando apenas queda medio mes de junio, los plazos parlamentarios serán ampliados y no será hasta después del verano cuando los partidos retomen la negociación de una norma que sigue generando más dudas que certezas y que puede tensionar aún más las cuentas de la Seguridad Social si todos los mutualistas son obligados a acogerse al RETA, con sus cotizaciones pero también cotizaciones futuras.

Tal y como está redactada, la proposición del grupo socialista dejaría a los autónomos sin posibilidad de elección desde el 1 de enero de 2027: entre acogerse a una mutualidad de previsión social como alternativa al régimen de autónomos. Se establecería, si saliera adelante el texto tal como se encuentra configurado, su encuadramiento obligatorio en este régimen del sistema público de Seguridad Social.

Además, se produciría un incremento de las cuotas mínimas a satisfacer por los mutualistas y, al mismo tiempo, de sus prestaciones. Varias estimaciones indican que las cotizaciones a satisfacer por los mutualistas alternativos se elevarían, del actual 80% de la cuota mínima a aportarse en el RETA, hasta el 100% de dicha cuota. Asimismo, las prestaciones en forma de renta a otorgarse por las mutualidades aumentarían, del actual 60% de la respectiva pensión mínima o de la pensión no contributiva en el sistema de Seguridad Social, hasta un 80% de esa pensión correspondiente.

Precisamente el último informe del Instituto Santalucía sobre pensiones ponía el acento en que el nuevo sistema de cotización de los autónomos –por tramos de rendimientos– «podría generar un gasto mayor a los ingresos obtenidos» por la Seguridad Social a través de las cuotas. Es decir, derivaría en unas pensiones más elevadas «dada la elevada tasa actual de reposición del sistema», apunta.

La proposición de ley de la pasarela RETA también fija un periodo de un año para que los mutualistas soliciten el paso voluntario de su capital privado al sistema público; y quedaría limitada a los profesionales activos en las mutualidades a 31 de diciembre de 2022, sin los años cotizados necesarios para una pensión pública de jubilación, y sin condición de pensionista.

El grupo parlamentario de Vox ya ha presentado una enmienda a la totalidad de ese texto, aunque la aritmética parlamentaria actual previsiblemente haga inviable esta propuesta. Los grupos, incluido el PP que votó a favor de la tramitación, seguirán negociando durante los próximos meses para dar salida a un colectivo que este mismo domingo se manifiesta en Madrid para reclamar una solución urgente a su sistema de ahorro para la jubilación.