La CNMV espera dar el OK rápido a la opa de BBVA tras la intervención del Gobierno

La CNMV lleva más de un año trabajando con BBVA -y también con el Sabadell- para tener a punto el folleto de la opa, que es el documento donde se explica la operación, riesgos, beneficios, etc. Es la información con la que los accionistas del opado deben tomar su decisión ya que ahí se incluye todo lo necesario y los cálculos, por ejemplo, de las sinergias y ahorros de costes, que son aspectos fundamentales en una operación de concentración.

Una vez se pronuncie el Gobierno, se espera que BBVA tenga que modificar algunos cálculos sobre la operación en función de las condiciones que se impongan. La intención de la CNMV es que eso vaya rodado para ir adelante cuanto antes con el folleto y abrir el periodo de aceptación.

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Sobre el periodo de aceptación, asimismo, hay cierta incertidumbre ya que BBVA tiene margen para jugar con los plazos. El banco vasco puede fijar un periodo para decidir de entre 15 y 70 días.

El riesgo de que ese periodo termine en agosto es elevado y el peor escenario para la entidad ya que todo el mundo está de vacaciones y si un accionista no se pronuncia equivale a rechazar la opa. Es por ello que se espera que BBVA juegue con ese plazo de hasta 70 días para llevar el fin del periodo de aceptación a septiembre, teniendo en cuenta que la mayoría deciden en la última semana.

En cualquier caso, la intervención del Gobierno lo condicionará todo. Y no hay claridad ahora mismo sobre hasta qué punto apretará el Ejecutivo al BBVA para torpedear la operación con condiciones demasiado duras; fuentes financieras descuentan que el Ejecutivo no iría tan lejos como para hacer inviable la opa, aunque está todo en el aire.

En teoría, el Ejecutivo tiene la posibilidad de suavizar, mantener o endurecer las condiciones pactadas entre el banco vasco y Competencia. En el seno del Consejo de Ministros, con todo, hay distintas sensibilidades sobre la intervención, todas ellas en contra del banco vasco.

Por una parte está la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que tiene la posición más extrema al plantear que se exija a BBVA mantener el empleo y las oficinas, entre otras cosas. Condiciones estructurales que alterarían por completo los cálculos de la operación. Por otra parte están otros miembros del Gobierno como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que han sido más comedidos en sus pronunciamientos, apelando por ejemplo a elementos de cohesión territorial.