Trump enviará ciudadanos europeos a Guantánamo

Según dijeron fuentes oficiales a ABC este martes, la lista incluye a delincuentes procedentes de Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Irlanda, Lituania y Polonia. También del Reino Unido, según esas mismas fuentes, además de Turquía, miembros ambos de la Alianza Atlántica. De este modo, ciudadanos con pasaporte europeo pueden quedar recluidos en una prisión en la base donde se encerró a los acusados por la llamada «guerra contra el terrorismo».

ABC preguntó a esas mismas fuentes, que hablaron con un reducido grupo de periodistas, si hay ciudadanos españoles en esa tanda, pero la respuesta fue que la lista se está elaborando y que se sabrá cuando los detenidos sean trasladados a la base, sita en la isla de Cuba, en una zona alquilada a EE.UU. desde hace más de un siglo. Actualmente se están llevando a cabo reconocimientos médicos a cerca de 9.000 personas para evaluar su aptitud física antes de ser trasladadas a la isla.

En el último año fiscal del que hay datos, un total de 20.029 ciudadanos españoles vulneraron los términos de su entrada en Estados Unidos por vía aérea o marítima, al superar el periodo autorizado de permanencia.

Esta cifra sitúa a España entre los países con mayor número de incumplimientos dentro del Programa de Exención de Visado (VWP), por encima de naciones como Francia (9.182), Alemania (5.984) o Italia (8.161). En términos absolutos, el volumen de infracciones cometidas por viajeros procedentes de España es notablemente alto, muy por encima del resto de países europeos.

Esta situación ha llevado a que España supere el umbral del 2% de tasa de sobreestancia, lo que implica la obligación de emprender campañas de concienciación dirigidas a sus ciudadanos para reducir estas cifras en el futuro.

En muchos casos, dicen esas fuentes, se trata de personas con pasaporte europeo en situación migratoria irregular en territorio estadounidense. Según esas mismas fuentes, la Administración Trump ha optado por no comunicar previamente estos traslados a los gobiernos afectados, lo que eleva la tensión diplomática en un momento especialmente delicado para las relaciones transatlánticas y la protesta migratoria que ha llevado a la militarización de Los Ángeles.

En enero, Trump anunció su intención de enviar hasta 30.000 migrantes a Guantánamo, una instalación históricamente asociada con la detención indefinida de sospechosos de terrorismo. Aunque los traslados hasta ahora han sido limitados, las nuevas directrices apuntan a una aceleración notable del proceso.

El uso de Guantánamo como centro de detención de inmigrantes sin papeles no es nuevo, pero hasta ahora se había mantenido en una escala reducida y centrado sobre todo en cubanos que salieron de la isla. La idea de ampliar su capacidad hasta acoger a miles de personas representa un cambio cualitativo que preocupa tanto por razones logísticas como legales.

Los responsables de Seguridad Nacional argumentan que la medida responde a la saturación de los centros de detención de personas indocumentadas en suelo estadounidense. Los vuelos de repatriación son caros, algunos países como Venezuela han dejado de cooperar en la recepción de nacionales, y el intento de llevar supuestos delincuentes a una prisión para terroristas y pandilleros de El Salvador ha quedado de momento paralizado.

En paralelo, en los tribunales avanza una demanda colectiva que cuestiona la legalidad del uso de Guantánamo como centro de detención migratoria. Los abogados de los demandantes que ya están allí, muchos venezolanos, denuncian que las condiciones son inadecuadas, con deficiencias en la alimentación, la higiene y el acceso a asistencia jurídica.

Aunque las autoridades han insistido en que se trata de una solución temporal, no hay claridad sobre los plazos ni sobre los mecanismos que permitirían el regreso seguro de estas personas a sus países de origen. En el caso de los europeos, la falta de notificación oficial y la ausencia de acuerdos bilaterales para estos traslados añaden una dimensión diplomática grave al problema.

Trump ha estado negociando con la Unión Europea para impedir la aplicación de aranceles del 50% en julio, pero de momento no ha habido una reunión bilateral con la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen.

La Administración no ha ofrecido una lista oficial con identidades ni nacionalidades, y ha evitado responder a preguntas sobre los procedimientos consulares que se deberán tomar en estos casos. Lo que sí ha quedado claro es que se trata de una política deliberada para presionar a los gobiernos extranjeros a colaborar en las deportaciones, incluso a costa de tensar las relaciones diplomáticas.

La inclusión de países tradicionalmente aliados de Estados Unidos en esta operación marca un punto de inflexión y abre un nuevo frente de conflicto entre Washington y Bruselas. Trump ya había advertido en más de una comparecencia que podría repatriar unilateralmente a ciudadanos europeos.

Los «sin papeles» no se llevan al penal donde están los 15 presos islamistas que aún esperan juicio por los atentados del 11-S. Este, de máxima seguridad, se halla separado del centro de detención migratoria, cerca de la ciudad de Guantánamo, en Cuba.