La Generalitat pedirá autorización al Banco de España para crear una «banca pública catalana»

El acuerdo con ERC se incluirá dentro del proyecto de Ley de Defensa del Cliente Financiero que se tramita actualmente en el Congreso. Fuentes del Ministerio de Economía trasladaron a este diario su satisfacción por haber llegado a un acuerdo en una iniciativa que consideran «prioritaria», y que incluye el ok para que el ICF tenga ficha.

Así lo confirmó ayer ayer la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y reafirmó esta mañana el presidente catalán, Salvador Illa. «No es un camino sencillo porque, si no estoy equivocado, la decisión final depende del Banco Central Europeo, y también tiene un papel en ello el Banco de España. Pero le aseguro que el Govern dará el paso, lo trabajará y lo defenderá, y me gustaría que esto también contara con un apoyo amplio de la Cámara», ha recalcado Illa en la sesión de control en el Parlament en respuesta al líder parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, que ha presumido de haber sido su partido el artífice del acuerdo.

El ICF, al igual que el ICO en el conjunto de España, se fija como objetivo facilitar facilitar la financiación al tejido empresarial catalán mediante créditos, avales o capital riesgo en proyectos que se consideran estratégicos. También gestiona parte de los fondos comunitarios. En los años del post 'procés' su independencia se vio comprometida con el intento de conceder avales para cubrir las fianzas de 5,4 millones de euros impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos de la Generalitat.

La pretensión de contar con ficha bancaria, y por tanto puede operar con las mismas condiciones que la banca comercial y, por ejemplo, tenga acceso a las líneas de crédito del Banco Central Europeo o capte depósitos de ahorradores, no es nueva. Aunque la idea ya se había acariciado con anterioridad, no fue hasta marzo de 2021, cuando el anterior Govern, en ese momento con Pere Aragonès (ERC) como presidente en funciones tras la inhabilitación de Quim Torra, cuando se realizó la solicitud formal.

Una año después, el BCE rechazaba la demanda alegando razones estrictamente técnicas, algo que desde ERC no se considera ajustado, al entender que el veto fue político. Tras este revés, y tal y como se apuntó en su momento desde el anterior Govern y el propio ICF, se descartó esta posibilidad, poniéndose sobre la mesa otras vías ninguna al final concretado.

Ahora, tras el acuerdo político alcanzado con ERC, parece que hay luz verde al plan inicial. Según explicó Romero, ya se hicieron unos trámites con el Banco Central Europeo, que les dio indicaciones de cómo debían trabajar para conseguir la ficha bancaria. «Y ahora nos queda el paso más relevante, que es quien lo autoriza, el Banco de España», añadió en declaraciones recogidas por Ep.

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Tras reivindicar el salto dado por el ICF en sus 40 años de vida, ha defendido el campo que tiene por recorrer si la entidad logra ser una banca pública de inversión real con acceso a los mercados financieros y a otros instrumentos y líneas.

«Compartimos esta voluntad de que el ICF escale en la proyección que ya tiene», aseguró Romero, que confía en que en las próximas semanas o meses puedan lograr este objetivo y facilitar así la financiación a pequeñas y medianas, entre otras acciones.

El Institut Català de Finances dispondrá este año de un presupuesto récord de 1.326 millones de euros, del cual 600 millones, un 45 % del total, se destinarán a impulsar la generación de vivienda social, lo que supone cinco veces más que lo previsto en el último presupuesto, el prorrogado de 2023.