Magistrados y jueces de Andalucía alertan de «colapso» ante la «falsa promesa» del Ministerio de ampliar en un 50% las plazas de violencia de género

Y es que en menos de tres meses, el hasta ahora necesario vínculo de afectividad o matrimonio para considerar como violencia de género un acto delictivo realizado por un hombre a una mujer desaparecerá. Todas las agresiones sexuales, la mutilación genital femenina, el acoso con fines sexuales, o trata de personas con fines de explotación sexual pasarán a ser competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, pues las directrices mundiales simplemente tienen en cuenta el hecho de que la víctima sea de género femenino y que el autor sea un varón.

El colectivo de juristas viene advirtiendo desde hace meses que este cambio se traduciría en una sobrecarga del 20 por ciento en «Juzgados ya saturados sin medios suficientes ni refuerzos».

Así, y tras una comunicación previa remitida el pasado 8 de marzo, los profesionales vuelven a insistir en las complejas consecuencias de este nuevo precepto que incluso vulneraría «los compromisos del Convenio de Estambul» y que, sobre todo, «pone en riesgo la atención integral que merecen las víctimas». A este respecto, inciden en que muchos juzgados no tienen guardias, forenses disponibles, salas adecuadas o asistencia letrada garantizadas.

La nueva misiva, que ha pasado de un centenar de adhesiones a unas 600, indica que los «grandilocuentes» anuncios realizados por el ministro Bolaños no son ciertos: «Las plazas prometidas no son ni mucho menos ese 50% que se anunció. Son muchos los partidos judiciales donde nada se crea; en otros se crea una plaza, a cambio de agrupar partidos judiciales -con lo que ello supone en cuanto a desplazamiento de las víctimas-, y de las grandes capitales, tan solo en Madrid se crean tres plazas, mientras que en Barcelona, Málaga y Sevilla, solo se crea una, y en Valencia, ninguna».

Asimismo, los jueces y magistrados recuerdan que «las plazas que se crean llegarán tarde o, en muchos casos, ni siquiera estarán disponibles si no se constituyen los Tribunales de Instancia, pues el Real Decreto dispone que, si llegada la fecha indicada -con carácter general, el 31 de diciembre de 2025-, «no estuviera constituida la Oficina Judicial en alguno de esos Tribunales de Instancia, la efectividad de la creación o transformación de plazas del Tribunal de Instancia en que concurra esa circunstancia, así como la efectividad de la agrupación de partidos judiciales que le corresponda, se diferirá hasta la fecha de efectiva constitución de la Oficina Judicial».

En resumen, si no hay Tribunal de Instancia no puede haber plaza de nueva creación o de reconversión.

Por otra parte, la comunicación conjunta confirma que «la ampliación se impone sin dotación efectiva de recursos, vulnerando la propia Ley Orgánica 10/2022», teniendo en cuenta que «nada se dice sobre el correlativo y necesario aumento de la plantilla de funcionarios, ni de Letrados de la Administración de Justicia, con lo que el embudo será inevitable».

Finalmente, el colectivo aclara que «todo ello se hace bajo la falsa premisa de que se trata de dar cumplimento a una obligación que nos impone el Convenio de Estambul, y de que se persigue una respuesta más ágil y rápida al problema de la violencia». Sin embargo, insisten, «ni el Convenio de Estambul exige que sean los Juzgados de Violencia sobre la Mujer quienes asuman estas competencias, ni se va a producir esa respuesta más ágil y rápida, sino que se producirá justamente lo contrario, ya que será más lenta, menos cercana, y mucho más estandarizada», concluyen.