Consumo abre un segundo expediente sancionador a una inmobiliaria por prácticas abusivas

Ambos expedientes se encuadran en la investigación realizada por el ministerio acerca del ámbito de gestión del alquiler inmobiliario, que Consumo desarrolla desde el pasado mes de octubre. Esta investigación comenzó a raíz de las denuncias del Sindicato de Inquilinas-CECU, así como de asociaciones de consumidores como FACUA o OC, y fuentes del ministerio afirman que sigue en marcha con respecto a otras empresas, a las que también se podrían incoar expedientes.

En cuanto a las prácticas denunciadas, estas se basan en infracciones tales como obligar a los inquilinos a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratar ciertos servicios no solicitados por el inquilino. Desde Consumo señalan que la Ley por el derecho a la vivienda prohíbe terminantemente estas prácticas.

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Las infracciones, en este caso, poseen dos grados de gravedad: graves, sancionadas con multas de hasta 100.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, y muy graves, sancionadas con multas de hasta un millón, pudiendo sobrepasarse hasta alcanzar entre ocho y seis veces el beneficio ilícito.

Por otra parte, la asociación de consumidores Facua ha celebrado la actuación del Ministerio, instando a las autoridades de las comunidades autónomas y los ayuntamientos a «tomar ejemplo y actuar de una vez ante los fraudes inmobiliarios», tal y como se desprende de un comunicado de prensa. Facua ha recordado que la mayor parte de las inmobiliarias operan en una sola comunidad, por lo que únicamente las administraciones autonómicas tienen competencias para imponer sanciones si violan la legislación

Ambos expedientes, el de AlquilerSeguro y este, cuya empresa señalada aún se desconoce, se añaden a los que Consumo mantiene abiertos en el marco de los pisos turísticos, contra una plataforma de alquiler de vivienda de este tipo que mantiene miles de anuncios de alojamientos catalogados como publicidad ilícita, así como el expediente contra empresas que administran viviendas turísticas en diversas CC.AA. tras detectarse que estas ofrecen «información falsa o información que, aun siendo veraz, pueda inducir a error a sus destinatarios», lo que supondría una práctica engañosa.